República de Colombia
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Boletín de prensa 18 de marzo de 2011
EL TIEMPO
FISCALÍA INVESTIGARÁ REBAJAS DE PENAS A LOS 'PARAPOLÍTICOS'
La Corte Suprema así lo ordenó porque duda de la veracidad de los certificados de estudio y trabajo.
Por primera vez, la feria de rebajas de penas obtenidas por los parapolíticos por trabajo y estudio en la cárcel será investigada.
Esta semana, en el mismo fallo en el que le niega la libertad condicional al ex senador Ciro Ramírez, condenado a siete años por nexos con las Auc, la Corte Suprema hizo un duro cuestionamiento a la manera como se certifican las actividades con las que varios de los salpicados por ese escándalo logran acortar sus condenas.
Los magistrados le ordenaron a la Fiscalía investigar qué tan veraces son las certificaciones entregadas por el Inpec y si, detrás de las inconsistencias, "hay comportamientos que ameriten sanción".
Ramírez pretendía que la Corte le permitiera salir de La Picota por haber cumplido las tres quintas partes de la pena, y para eso alegó que los tres años que llevaba preso y las rebajas obtenidas por estudio y trabajo le alcanzaban para lograr el beneficio. La ley establece que por cada dos días trabajados hay uno de rebaja.
El ex senador anexó certificados de haber trabajado 1.312 horas en proyectos de agricultura urbana en la granja de los parapolíticos y estudios en producción agroecológica (60 horas) inseminación artificial en hembras bovinas (60 horas), y tecnología de producción agropecuaria ecológica (750 horas).
Después de analizar los certificados -son similares a los que les han abierto las puertas de la prisión a casi 20 de los parapolíticos en menos de cuatro años- los magistrados decidieron reconocerle al ex presidente del conservatismo una rebaja de solo 82 días.
El reporte del Inpec indica que Ramírez trabajó meses enteros sin faltar un solo día. En diciembre, por ejemplo, le certificaron 248 horas, lo que supondría que ese mes apenas había descansado un día y no había parado en Navidad y Año Nuevo (el máximo permitido por día son 8 horas).
Los magistrados no entendieron cómo hizo Ramírez para estudiar al mismo tiempo que estaba en las labores de la granja y, más aún, cuando estaba asistiendo a su juicio en un tribunal de Bogotá.
El Inpec, incluso, le certificó dos cursos de 40 horas cada uno que, según los reportes, se hicieron los mismos días.
Pero el de Ramírez no es el único caso. El ex congresista Dixon Tapasco logró esta semana que un juez de Bogotá le diera libertad condicional con certificados de trabajo por 17 meses. Tapasco presentó certificados como si hubiera trabajado sin faltar un día durante 34 meses.
Condena por cobrar ingreso a programa
El Juzgado Segundo Penal del Circuito de Bello (Antioquia), con funciones de conocimiento, sentenció al teniente del Inpec Luis Enrique Murallas Gutiérrez a 22 años de prisión por exigir dinero a varios presos para ingresarlos al programa de redención de pena por estudio y trabajo.
EL ESPECTADOR
CORTE SUPREMA QUERÍA VER FRACASAR PROYECTO DE REELECCIÓN
La confesión se la hizo el magistrado Mauricio Gonzalez a la embajada de Estados Unidos. Exdirector de DAS Andrés Peñate agregó que los magistrados no descansarían hasta ver a altos funcionarios del gobierno en la cárcel, idealmente a José Obdulio Gaviria.
Las relaciones entre la Corte Suprema de Justicia y el presidente Álvaro Uribe nunca fueron las mejores. Y cuando trataron de mejorarse siempre hubo algo que las volviera a dañar.
En 13 de mayo de 2009 se conoció la declaración del exjefe de contrainteligencia del DAS, Jorge Alberto Lagos en la que mencionó el alto consejero presidencial Jose Obdulio Gaviria y el Secretario de la Presidencia Bernardo Moreno estaban involucrados en la vigilancia ilegal del DAS junto con el acoso de magistrados de la Corte Suprema tenía enrarecido el ambiente entre la corte y el Gobierno.
Un cable de la Embajada de Estados recordaba una conversación con el entonces magistrado de la Corte Constitucional Mauricio González – ex secretario de la Casa de Nariño y quien meses atrás se había declarado impedido para votar la reelección inmediata, precisamente por ese vínculo con el Gobierno- en la que éste preveía que la pelea entre los dos poderes – justicia y gobierno- no iba a acabar pronto.
Gonzalez expresó que el gobierno había incumplido en entregar a la Corte detalles sobre la investigación adelantada al interior del DAS por las chuzadas lo que, según sus palabras, había disipado cualquier buena voluntad de enderezar las relaciones que había mostrado Uribe en sus reuniones con los magistrados.
Las Cortes reaccionaron con fuertes palabras, reseñó el entonces embajador William Brownfield, para luego citar que el 14 de Mayo la Corte Suprema expidió una carta pública demandando nuevamente una declaración por parte del Presidente sobre los seguimientos a magistrados.
Tras advertir que no habría arreglo entre Uribe y la Corte, el magistrado Gonzalez desnudó el ambiente que se vivía en la corte y el sentimientos generalizado de los magistrados: “la Corte Suprema quiere ver el proyecto de la reelección de Uribe fracasar y varios funcionarios del gobierno encarcelados por las actividades del DAS”.
González no tenía muchas esperanzas de que nuevos diálogos entre Uribe y los magistrados pudieran mejorar las maltrechas relaciones, aclarando que todo dependía de las decisiones de la Fiscalía, con la cual no había posibilidad de negociación.
El exdirector del DAS Andrés Peñate, ese mismo día, fue más lejos y le dijo al embajador de Estados Unidos en Colombia que temía que la Corte Suprema estuviera buscando chivos expiatorios y aseguró que los magistrados “no estarían felices hasta que altos funcionarios del Gobierno – idealmente Jose Obdulio Gaviria – fueran encarcelados”.
La rama ejecutiva también le subió a la temperatura a la situación por esos días. El excomisionado de Paz y ahora presidente del Partido de la U, Luis Carlos Restrepo, reanudó su petición formal de que el Congreso investigara los presuntos vínculos entre narcotraficantes y algunos magistrados de la Corte Suprema.
Restrepo aseveró que Salvatore Mancuso había dicho que tenía influencia en la Corte.
CAPTURADO JUEZ QUE ORDENÓ DESALOJO DEL ÉXITO EN UNICENTRO
Los efectos de su decisión fueron suspendidos provisionalmente por la Corte Constitucional, mientras la Corte Suprema lo condenó.
Agentes del Cuerpo Técnico de Investigación, CTI, de la Fiscalía capturaron en la capital colombiana a Álvaro Vásquez Melo, el juez que había ordenado el desalojo del local que ocupa almacenes Éxito en Unicentro de Bogotá, lo que le valió una condena de 64 meses de cárcel emitida por la Corte Suprema de Justicia.
La Sala Penal lo había hallado culpable del delito de falsedad ideológica en documento público, al considerar que la demanda ejecutiva mediante la cual el hipermercado se vería forzado a abandonar las instalaciones estuvo rodeada de una serie de irregularidades procesales.
El controvertido caso había llegado a instancias de la Corte Constitucional, que evitó que se hiciera efectivo el proceso de lanzamiento, que a su vez le hubiera significado al Éxito la entrega del predio, al precisar que la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá debía determinar si confirmaba o no el fallo del exjuez Vásquez Melo, condenado por la Corte Suprema.
En su momento, Vásquez Melo, entonces juez 29 Civil del Circuito de Bogotá, ordenó la entrega del local a Chevor, lo que motivó a los trabajadores del hipermercado para acudir a la acción de tutela, con el fin de evitar que se hiciera efectivo el desalojo.
En respuesta, la Corte Suprema de Justicia, a través de sus salas Laboral y Civil,rechazó la acción invocada por los empleados, pero la Corte Constitucional prolongó transitoriamente el derecho del Éxito sobre el predio, al suspender los efectos jurídicos de la orden de lanzamiento, mientras devolvía el proceso al Tribunal Superior.
Será la Sala Civil de ese Tribunal la que, en consecuencia, resuelva definitivamente el lío jurídico, mientras la Sala Penal notifica al exjuez Vásquez Melo del fallo condenatorio en su contra, que será leído el próximo martes en la Sala de Audiencias de la alta corporación.
Desde 1976 la Federación Nacional de Cafeteros fue la propietaria del local objeto de este intrincado jurídico; los derechos de arrendamiento que la agremiación conservaba habían sido cedidios a la Sociedad Aretama S. A., que a su vez dejço el derecho de la renta a Chevor.
QUE LA CORTE EXPLIQUE POR QUÉ NO FALLÓ ACCIONES INVOCADAS POR PAREJAS GAY
La Procuraduría le pidió que publique los fallos en los que se ha negado a pronunciarse, para conocer sus razones.
La Procuraduría General de la Nación le pidió a la Corte Constitucional que le explique al país las razones que la llevaron a abstenerse de decidir de fondo demandas interpuestas por homosexuales para que se diera el aval a su unión en matrimonio y que se les otorgara el derecho a la adopción.
El Ministerio Público le solicitó a la corporación que publique el contenido de las sentencias C-802 del 2009 y C-886 del 2010, cuyas providencias registran las razones que llevaron a la Sala Plena a declararse inhibida, es decir, falta de competencia para emitir un pronunciamiento de fondo acerca de acciones invocadas por parejas gay para hacerse al reconocimiento de derechos civiles como los descritos.
En ese entonces, dice el organismo de control, la máxima guardiana de la Constitución conceptuó como “insuficientes, inciertos e impertinentes” las consideraciones expuestas por los accionantes.
El ente considera que la publicidad de estas providencias hace gala de la transparencia y coherencia con la que debe actuar la Corte, para permitirle a la población conocer fundamentos legales y constitucionales a tener en cuenta a la hora de determinar si a la luz de la Carta Política de 1991 es viable o no concebir a la familia como el resultado de una unión distinta a la que conforman un hombre y una mujer.
El procurador considera que la tutela en la que la Corte determinará si a una lesbiana le asiste el derecho de adoptar a la hija biológica de su pareja no solo afecta garantías fundamentales de dos personas en particular sino el de los niños en general, además de poner en juego la concepción social que en Colombia guarda la familia.
JOSÉ F. LAFAURIE PERDIÓ ÚLTIMA BATALLA PARA EVADIR SANCIÓN COMO VICECONTRALOR
La Corte Constitucional reiteró la conducencia de la multa impuesta por la Procuraduría.
El actual presidente de la Federación Nacional de Ganaderos, Fedegán, José Félix Lafaurie Rivera, perdió la última batalla jurídica que libraba para evitarse el pago de una sanción disciplinaria que en 2003 le impuso la Procuraduría General de la Nación porque como vicecontralor aceptó sugerencias de magistrados y dirigentes políticos en el nombramiento de personal en esa entidad de control fiscal, decisçon que fue confirmada por la Corte Constitucional.
La Sala Plena confirmó el fallo de tutela emitido por el Consejo de Estado, que consideró que Lafaurie no acumulaba argumentos jurídicos suficientes para acreditar la viollaciçon de su derecho fundamental al debido proceso en sendas determinaciones del contencioso administrativo, que confirmaron la determinación del Ministerio Público contra el empresario y su entonces superior jerárquico, el contralor Carlos Ossa Escobar.
Alfredo Rafael Saade Vergel, asesor de la Contraloría en 1998, había denunciado que el jefe de la entidad aceptaba las recomendaciones de congresistas para la provisión de cargos en esa misma institución.
El exvicecontraor alegaba que tales señalamientos se debían a una investigación que él mismo había ordenado abrir contra Instituto Nacional de Adecuación de Tierras, Inat, actuación en la que se había incluido a William Saade Vergel, hermano del asesor que había denunciado las irregularidades cometidas por el contralor.
El viceprocurador, que asumió la competencia debido a que el jefe del Ministerio Público se declaró impedido, sancionó con un multa que superaba los 14 millones de pesos a Lafaurie y a su superior Ossa, tanto como al funcionario Mauricio Casasfranco Vanegas, quien laboraba en el ente de control fiscal.
Luego de que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en primera instancia, y el Consejo de Estado, en segunda, se negaran a decretar la nulidad de la sanción, José Félix Lafaurie interpuso una acción de tutela ante esta última corporación, que confirmó el fallo disciplinario; la Corte Constitucional, al revisar la determinación reiteró que no existía violación alguna a los derechos fundamentales del accionante y enterró definitivamente la posibilidad de revocar la determinación de la Procuraduría en su contra.
TUTELAS Y CHOQUES DE TRENES
Por: Yesid Reyes Alvarado
Para evitar choques de trenes se pueden crear vías exclusivas para cada uno de ellos, o se los puede hacer compartir de manera ordenada los mismos rieles.
En materia jurídica ocurre algo similar. Cuando se decidió establecer una jurisdicción constitucional encargada de garantizar la vigencia de los derechos consagrados en la Carta Política, se analizaron dos posibilidades para su puesta en funcionamiento. La primera consistía en dotarla de una vía propia, es decir, crear una estructura especial con sus jueces y magistrados; en ella podía haber una sala especializada de la Corte que, al igual que las penal, la civil y la laboral, constituyera la máxima autoridad en su área, o podía implantarse un organismo nuevo que asumiera esas funciones, en forma similar a como en lo administrativo sucede con el Consejo de Estado.
Si esa hubiera sido la decisión, hoy tendríamos un cuerpo autónomo de funcionarios encargados de velar por las garantías fundamentales, compuesto por juzgados y tribunales y por unos magistrados de la Corte (integrados a la Suprema o en una entidad diversa) que serían la cabeza de ese andamiaje constitucional. Si en ese esquema uno de sus integrantes anulara una sentencia de otra especialidad por considerarla violatoria de derechos esenciales, difícilmente se podría hablar de un choque de trenes. Es algo similar a lo que ocurre cuando un juez penal decide que un cheque que pretende ser cobrado por la vía civil es falso; lejos de haber un conflicto, resulta evidente que cada uno se ocupa de los asuntos que le atañen.
La otra opción que se valoró y al final fue acogida, consistió en utilizar a los mismos jueces de otras especialidades para ocuparse de las tutelas, evitándose la creación de una infraestructura autónoma. La única excepción consistió en la implantación de una nueva Corte como cabeza de esa estructura. Todos los demás funcionarios judiciales pasaron a ser mixtos, en cuanto adicionalmente a las labores propias de su área deben decidir sobre acciones de tutela.
Esa doble condición que cumplen significa que, por ejemplo, cuando una sala de la Corte Suprema dicta una sentencia, lo hace como máximo organismo de su materia, pero no como juez encargado de velar por el respeto de las garantías consagradas en la Carta política; si esas providencias tuvieran por objeto la preservación de derechos fundamentales, estarían invadiendo un espacio que no les corresponde. Por consiguiente, si se quiere intentar una tutela en contra de una decisión judicial (incluso si ella proviene de la Corte Suprema), debe acudirse a la jurisdicción encargada de esos temas, que en Colombia es ejercida por los mismos jueces que se ocupan de otros asuntos, pero cuya cabeza es la Corte Constitucional.
Por eso no es correcto hablar de choque de trenes en esas hipótesis; las salas civil, laboral y penal de la Corte Suprema son la máxima autoridad en sus respectivos ámbitos de conocimiento; pero el órgano de cierre en cuanto a la garantía de los derechos fundamentales es la Corte Constitucional; todos los demás funcionarios judiciales (incluidos los magistrados de la Corte Suprema) son instancias inferiores en materia de tutela.
CONSEJOS A UNA MUCHACHA CASQUIVANA
Por: Francisco Gutiérrez Sanín
Alguna vez un dirigente conservador de la década de 1930 —creo que fue Abel Carbonell— comparó al Partido Liberal con una "muchacha casquivana", que por tratar de llamar la atención a muchos pretendientes, terminaba perdiéndolos a todos.
Me imagino que esta metáfora ya no causará tanta impresión como cuando fue enunciada. El mundo de lo privado sobre el que se basaba voló en pedazos. Aún así, se siente su poder a la distancia. Y, sobre todo, captura bastante bien los dilemas históricos del centro político colombiano cuando se arropa en un programa reformista. Por una parte, trata de buscar todos los apoyos posibles para sacar adelante sus propuestas. Por otro, al hacerlo pierde coherencia, lo cual debilita su capacidad de acción. Al final, termina siendo incapaz de cumplir sus expectativas y, como la casquivana de Abel, queda mal con todos sus galanes.
La Unidad Nacional se encuentra precisamente en ese trance. Ha logrado conformar una supercoalición que, en teoría, le tendría que permitir sacar adelante básicamente cualquier propuesta, incluyendo reformas a la Constitución (por desgracia, reformar la carta de 1991 es deprimentemente fácil. Haber tenido una “constitución de plastilina” permitió muchos de los fenómenos negativos del pasado inmediato. Aunque eso es tema para una reflexión aparte). Pero hemos visto que en la práctica lograr aprobar cualquier iniciativa, hasta las que son ampliamente apoyadas por la opinión pública, se vuelve una batalla campal. En estas batallas, la casi totalidad de las heridas son producidas por fuego amigo, básicamente proveniente de la U (especialista en poner Barreras) y de la colectividad azul. El Estatuto Anticorrupción es un buen ejemplo de esto. La rebelión del partido conservador parlamentario —marco esta especificidad, pues los conservadores en el Ejecutivo se orientan por otra lógica— complicó tremendamente un proceso que por su propia naturaleza tendría que haber sido rectilíneo. Cualquier paso, por pequeño que sea, termina siendo negociado con el presidente, en medio de espectaculares reconciliaciones que dejan abiertas todas las heridas y sin solucionar todos los temas.
Este método implica dos peligros muy serios. En primer lugar, que las figuras que se desgasten más en el ir y venir de las acusaciones mutuas sean precisamente los adalides de las reformas, los que tienen las ideas, el impulso y el capital político para hacerlo. En el caso que nos interesa, ministros como Vargas Lleras y Juan Camilo Restrepo. En segundo lugar, que por acomodar los intereses de los adversarios de las reformas dentro de la coalición, éstas comiencen a pasarse por agua, a edulcorarse, hasta que pierdan su capacidad de transformación. Es decir, que se genere una “neutralización desde adentro”.
La Unidad Nacional del presidente Santos cuenta con una base social y electoral muy sólida, que no han menoscabado ni los malestares de los nostálgicos, ni la oposición de los múltiples intereses que serán afectados por cambios básicos en la estructura del Estado, ni la oposición a sus errores. Pero la popularidad es para gastársela. En ocasiones, será mejor apelar a la opinión y utilizar todo el enorme margen de maniobra que tiene el Gobierno, que negociar repetidas y sórdidas pataletas. Por lo menos respecto de algunas reformas cruciales, en las que el país se juega su futuro por años y años —restitución de tierras, reforma a la estructura del Estado y separación de las agencias estatales de la influencia de la mafia, regalías—, el método adecuado no podrá ser ceder hasta lo inocuo para mantener cohesionada a la coalición. El camino contrario es caer en la trampa histórica que ha atrapado al centro reformista en este país.
EL NUEVO SIGLO
LEY DE VÍCTIMAS DEBE REINTEGRAR PATRIMONIO PERDIDO: MADARIAGA
Al vocero de la Mesa Nacional de Víctimas le preocupa que titulares de tierras tengan que permitir su explotación por parte de terceros.
LA RESTITUCIÓN de tierras que les han sido despojadas a campesinos, debe incluir el reintegro de todo el patrimonio perdido y no sólo el título como tal, propone el vocero de la Mesa Nacional de Víctimas, Antonio Madariaga. En diálogo con EL NUEVO SIGLO, Madariaga también habló de otros temas incluidos en el proyecto de reparación a víctimas.
EL NUEVO SIGLO: ¿Cómo ve la Mesa Nacional de Víctimas el texto del proyecto que busca reparar a los afectados por la violencia?
ANTONIO MADARIAGA: La Mesa Nacional de Víctimas ha dicho que celebra que el tema de víctimas y el de tierras tenga un lugar tan importante como el que tiene en la agenda legislativa del presente Gobierno. Sin embargo, hay algunos asuntos dentro del proyecto de ley que representan avances, pero también hay un conjunto de preocupaciones.
ENS: ¿Cuál debe ser la fecha precisa desde la que debe tener vigencia esta iniciativa?
AM: El tema de la fecha va en dos direcciones. En primer lugar, en que efectivamente se recoja el momento del inicio de la agresión a las organizaciones políticas como la Unión Patriótica. Para tal efecto nosotros creemos que una fecha adecuada debe ser 1980, y nos preocupa que en la ponencia, que actualmente está discutiéndose, aparece como fecha de inicio de la restitución (sic.) 1991, lo cual crea una discriminación inaceptable.
ENS: ¿Qué opina frente al capítulo de restitución de tierras?
AM: Ahí encontramos que en general es básicamente restitución de títulos, porque no contempla el conjunto del patrimonio. Es decir, las personas no sólo tenían una superficie de tierra, sino que tenían animales domésticos, como el ganado vacuno, cultivos, maquinaria, y ninguno de esos bienes están contemplados en la ley, porque ésta solo contempla el título de la tierra. Entonces, insistimos que si se quiere cumplir con los estándares internacionales, también tiene que haber reintegro del patrimonio perdido. En esa misma dirección, nos preocupa muchísimo que se haya introducido una cláusula que permitiría que supuestos terceros de buena fe puedan seguir explotando los predios que fueron despojados o abandonados, y que el legítimo titular que fue desplazado, tenga que obligatoriamente arreglar esas tierras para que las usufructúen por el hecho de que tengan allí establecido algún tipo de explotación.
ENS: ¿Es pertinente que la agencia Acción Social sea la responsable de atender a las víctimas de la violencia?
AM: La Corte Constitucional ha demostrado en el seguimiento a la sentencia T-025, donde se declara el estado inconstitucional de cosas en cuanto a la atención de la población víctima del desplazamiento forzado, la ineficacia e inoperancia para atender esta población. Entonces, creemos que dejárselo a Acción Social, o repetir las fallas de esta entidad, condena al fracaso la aplicación de la ley.
ENS: ¿Qué opinión le merece la proposición de un acuerdo donde las víctimas se deban comprometer a no demandar el Estado después de ser reparadas?
AM: Nos preocupa la insistencia del senador Roy Barreras de lo que el llama el acuerdo de transacción, por el cual, si una persona recurre a la indemnización por vía administrativa, tiene que renunciar obligatoriamente a la indemnización por vía judicial. Eso, además de ser abiertamente inconstitucional e ir en contra de los estándares internacionales, significa una burla a las víctimas decirles que si recurren a la vía administrativa, que es una vía expedita y rápida, tienen que renunciar a sus derechos. De otro lado, nos preocupa todo el tema de la consulta previa, pues la ley no procedió a realizar estos procesos con la comunidad afro e indígena, y eso claramente podría generar un vicio de inconstitucionalidad. La fórmula por la que se optó, que es la del artículo transitorio, que le otorga facultades extraordinarias al Presidente para que por vía de decretos establezca un protocolo y desarrolle la consulta previa, es insuficiente.
APRUEBAN EN PRIMER DEBATE EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO
Incremento al predial irá de 5 a 16%. Gobierno quería que mínimo fuera 7%.
Con el retiro del artículo que el Gobierno había propuesto para aumentar el número de semanas para la jubilación de los trabajadores independientes, nivelándolos con los de prima media, las comisiones económicas del Congreso aprobaron en primer debate, el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2010 – 2014 prosperidad para todos.
La propuesta eliminada proponía aumentar a tres años en las cotizaciones de las pensiones para cerca de 4 millones de colombianos, vinculados a los fondos privados, por lo que pasaría de 62 a 65 años la edad mínima exigida para conseguir la pensión.
El ministro de Hacienda, Juan Carlos Echeverry, aseguró que la decisión de retirar el polémico artículo la tomó ante la falta de ambiente político en las comisiones, pero dijo que insistirá sobre este punto ante las plenarias de las dos corporaciones y explicó que si tampoco tiene acogida, lo incluirá en una nueva reforma pensional sobre la cual ya se está trabajando.
De igual manera, en dicha reforma pensional se incluirá otro de los denominados micos que no fue aprobado en la iniciativa, y es la que tiene que ver con nivelar a 1300 las semanas de cotización entre los regímenes públicos y privado.
Sin embargo, dentro del PND, que es la carta de navegación del gobierno del presidente Juan Manuel Santos, para generar mayor de riqueza, más empleo y reducir la pobreza, durante el próximo cuatrienio, quedó establecido el incremento del impuesto predial o gravamen a la propiedad raíz que oscilaría entre un cinco por mil, como mínimo y no un siete como lo quería el Ejecutivo y un 16 por mil como máximo tope y se aplicaría gradualmente empezando en el 2012 con un tres por mil por mil, un cuatro por mil en el 1013 y un cinco por mil a partir del 2014.
Estos aumentos serán determinados por los alcaldes y Concejos Municipales, teniendo en cuenta la capacidad económica de los contribuyentes. A los estratos uno, dos y tres no se le aumentará el piso y su rango seguirá siendo del uno por mil al 16 por mil.
Para los lotes baldíos o de engorde, el impuesto predial se podría incrementar, tal como lo establece la norma vigente, hasta en un máximo del 36 mil. Esto, dijo el ministro de Hacienda, con el propósito de evitar el mal uso de terrenos urbanos o rurales, que siendo productivos no le representan recursos significativos a las arcas municipales, que según algunos parlamentarios deben ser fortalecidas no solamente con transferencias, sino con recursos propios.
Sin embargo, varios parlamentarios que votaron la iniciativa, advirtieron que la aprobación del alza en el predial, es un tema complicado en un año electoral.
De otro lado, también se aprobó el incremento de las multas por seguridad minera, a 1.000 salarios mínimos legales mensuales. Asimismo, fue aprobado hacer una modificación a las tarifas que la Superintendencia podrá cobrar a sus afiliados, aunque el porcentaje a incrementar será objeto de reglamentación posterior.
PND, que contempla 564 billones de pesos en inversiones hasta el 2014, no tuvo, según Echeverry, cambios sustanciales al texto presentado por el Gobierno en materia de inversiones, toda vez que su articulado fue ampliamente discutido, concertado, conciliado y socializado en todos sus frentes, situación que permitió consensos rápidos para su trámite.
En las plenarias se espera hacerle los ajustes que le hagan falta, para que el PND, que contiene 218 artículos, se convierta en la herramienta que el gobierno necesita para poner en marcha su proyecto de prosperidad social, igualdad de oportunidades, competitividad y crecimiento, vivienda y ciudades amables, desarrollo minero y expansión energética, agricultura, infraestructura, buen gobierno, sostenibilidad ambiental y política exterior
RCN RADIO
TRIBUNAL INTERNACIONAL INICIARÁ ESTUDIO DE "CHUZADAS” EN COLOMBIA
RCN La Radio de La Noche pudo establecer que el polémico tema de las interceptaciones ilegales y seguimientos a magistrados, políticos de la oposición y periodistas, más conocido como las “chuzadas telefónicas", se expondrá en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en Washington el próximo lunes 28 de marzo.
En el marco del 141 período de sesiones ordinarias de la CIDH, Colombia tendrá la atención mundial y de los expertos de derechos humanos, por las supuestas actividades sin orden judicial que realizaron los funcionarios del Departamento Administrativo de Seguridad, DAS.
El calendario de audiencias contempla un resumen de la situación de derechos humanos en Colombia y las investigaciones relacionadas con las actividades de inteligencia del DAS.
Este tema será expuesto por expertos de la Federación Internacional de Derechos Humanos, FIDH, y la Corporación Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, CCAJAR.
RCN La Radio de La Noche conoció que el Gobierno de Colombia prepara una delegación que tiene expertos del Programa Presidencial de Derechos Humanos, el Consejo Superior de la Judicatura, Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio de Defensa y la Fiscalía General de la Nación.
Otro tema que abordará la Comisión en Washington será el caso del campesino, Isaac Galeano Arango, que fue asesinado el 7 de diciembre de 2000.
El caso será presentado por la Corporación Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo.
Así mismo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tiene en agenda la situiación de los desplazados en Colombia con ponencias de la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ), el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, la Corporación Jurídica Libertad (CJL) y la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz (CIJP).
Finalmente el martes 29 de marzo la CIDH abordará en Washigton la situación de defensores y defensoras de derechos humanos en las Américas con ponencia del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sesionará del 21 de marzo al primero de abril de 2011 y las audiencias se realizarán los días 25, 28 y 29 de marzo, en el edificio de la Secretaría General de la OEA, en Washington, D.C. La OEA realizará transmisión en vivo por su página en Internet de todas las audiencias públicas.
CARACOL RADIO
COMISIÓN DE ACUSACIÓN ABRE INVESTIGACIÓN A MAGISTRADOS POR PRESUNTO 'TRÁFICO DE FALLOS'
La comisión de Acusación de la Cámara de Representantes inició formalmente una investigacióm que involucran a consejeros de Estado
El representante Augusto Posada (Partido de la U, Antioquia), anunció la apertura formal del procesos, relacionado con una presunta 'red de tráfico de fallos judiciales'.
Posada citó para el próximo jueves a una diligencia de declaración a la exprocuradora Delegada Ana María Garzón, quien detectó la situación y hasta elaboró 'el organigrama' de la organización. Posteriormente la Procuradora fue relevada del cargo.
La comisión de Acusación de la Cámara de Representantes ordenó abrir una investigación de oficio contra magistrados del Consejo de Estado que estarían implicados con una "red de traficantes de fallos" en esa corporación.
Dicha investigación, abierta de oficio, no está determinada hacia la totalidad de magistrados que estarían involucrados, sino hacia "quienes puedan estar incursos por acción u omisión" en la presencia de particulares que estarían negociando con los fallos judiciales de carácter contencioso administrativo.
PROCURADOR PIDE A CORTE CONSTITUCIONAL QUE PUBLIQUE SENTENCIAS SOBRE DERECHOS DE PAREJAS HOMOSEXUALES
El Procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez Maldonado, le solicitó a la Sala Plena de la Corte Constitucional que publique las sentencias C-802 del 2009 y C-886 del 2010, relativas a los requisitos para adoptar, la integración de la unión marital de hecho y los conceptos de matrimonio y familia.
La Procuraduría aspira a que se conozcan en su totalidad los fallos en los que la Corte consideró que eran insuficientes, inciertos e impertinentes los argumentos que en ese momento se le presentaron para que se permitiera la constitución de familia, el matrimonio y la adopción por parte de personas o parejas de orientación homosexual.
El Jefe del Ministerio Público pidió a la Sala Plena que publiquen esas sentencias antes de resolver una acción de tutela con la que se pretende se autorice la adopción por consentimiento de una menor de edad, por parte de la “compañera permanente” de su madre.
El Procurador General explicó,que esta solicitud se fundamenta en los principios de publicidad, transparencia y coherencia, y no tiene otro fin que permitir a toda a población conocer, acompañar y comprender las decisiones de la Corte Constitucional, especialmente en relación un proceso frente al que la misma Sala Plena decidió “darse un mes de espera para reflexionar y profundizar sobre el tema”, como lo explicó en su momento a los medios de comunicación el Presidente de esa Corporación.
EL Jefe del Ministerio Público reiteró que el proceso de tutela que en el momento examina la Corte Constitucional es determinante tanto para la familia, núcleo e institución básica de la sociedad como para los derechos fundamentales de los niños, las niñas y los adolescentes, los cuales prevalecen y deben prevalecer sobre los derechos de los demás.
CORTE CONSTITUCIONAL ORDENA AL GOBIERNO DE VENEZUELA PAGARLE LA PENSIÓN A UNA COLOMBIANA
La Corte Constitucional por primera vez le imparte una orden a una entidad internacional para que reconozca unas prestaciones sociales a una mujer a la cual le fue suspendido el pago pensional.
El Alto Tribunal le ordenó a la jefe de Misión diplomática de la Embajada de Venezuela que en 15 días proceda a pagar una pensión provisional de vejez a una persona de la tercera edad a la cual se le venían pagando 512 dólares y sin ninguna justificación fue suspendida.
La Corte reconoce que no puede impartir órdenes a una autoridad extranjera pero en este caso dice que está protegiendo los derechos de Francisca Cote, una mujer de 82 años que dependía de los dineros que le pagaba la Embajada venezolana y en la actualidad vive de la caridad de la familia.
La Corte conmina a la mujer a demandar laboralmente para que las autoridades laborales de Venezuela emitan un fallo definitivo.
INICIA INVESTIGACIÓN CONTRA SANTOS POR ELECCIÓN DE FISCAL
La comisión de Acusación de la Cámara de Representantes inició formalmente una investigación que involucra al presidente Juan Manuel Santos.
El representante Augusto Posada anunció la apertura formal del relacionado con el cambio de la terna para elegir Fiscal General de la Nación a finales del año pasado.
Esta es una denuncia contra el presidente Santos por presunta extralimitación de funciones al cambiar la terna para elegir fiscal General, elevada por Juan Camilo Aparicio. También pide investigar a los cuatro magistrados de la Sala de Consulta del Consejo de Estado, que conceptuaron que Santos podía cambiar la última terna que había enviado el gobierno del presidente Álvaro Uribe.
Posteriormente el magistrado Marco Velilla, quien integraba la terna 'uribista', denunció el cambio de la misma, y por ello el representante Posada lo citó, también para el jueves próximo, 24 de marzo, a rendir su declaración.
Según Posada, los miembros de la terna 'uribista' como los de la 'santista', serán llamados a declarar en el caso, incluyendo la actual Fiscal General, Vivian Morales.
CMI
"PENSIONES NO PUEDEN CONGELARSE NI REDUCIRSE": CORTE CONSTITUCIONAL
La Corte Constitucional advirtió que las mesadas pensionales reconocidas bajo la modalidad de retiro programado no pueden ser congeladas ni reducidas.
El pronunciamiento del alto Tribunal fue hecho al tutelar los derechos de dos jubilados, a quienes se les negó el reajuste pensional establecido en la Constitución.
Según la Corporación, no puede entenderse que la modalidad de retiro programado sea una excepción a la regla general que prohíbe congelar o reducir esas mesadas.
Sin embargo, advierte que el riesgo que conlleva el régimen de retiro programado, en el cual se puede descapitalizar la cuenta de ahorro individual, debe ser asumido por el afiliado, a quien los fondos de pensiones tienen que informar, al momento de decidir cuál modalidad prefieren, sobre los peligros de estas cuentas a largo plazo.
Estos riesgos podrían ser variaciones en el mercado, fluctuaciones en las tasas de interés, caída en los precios de las acciones de los fondos, entre otros.
Por último, la Corte le hace un llamado de atención a los fondos para que suministren periódicamente información a los afiliados sobre el estado de sus cuentas de ahorro individual, con el fin de que ellos decidan si permanecen en ese régimen o se trasladan al de renta vitalicia.
NIEGAN TUTELA CONTRA SANCIÓN DE LA PROCURADURÍA AL PRESIDENTE DE FEDEGÁN
La Corte Constitucional le negó una tutela que interpuso el presidente de Fedegan, José Félix Lafaurie, contra una sanción disciplinaria de la Procuraduría por supuesto tráfico de influencias.
La sanción disciplinaria fue impuesta en el 2003, condenando a Lafaurie, quien en ese momento era vicecontralor general, al pago de una multa equivalente a 60 salarios mínimos legales mensuales vigentes.
Manifestando su desacuerdo, José Félix Lafaurie interpuso una demanda contra el fallo de la Procuraduría, la cual no prosperó ni en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, ni en el Consejo de Estado.
El exvicecontralor, interpone entonces una acción de tutela contra la sentencia del Consejo de Estado, la cual es estudiada por la Corte Constitucional.
El magistrado ponente, Humberto Sierra, analizo el caso y no encontró ninguna irregularidad en la valoración de las pruebas, ni tampoco violación al debido proceso por parte del Consejo de Estado, ni de la Procuraduría, organismo que profirió la sanción.
SE VAN DE RETIROS ESPIRITUALES EL GOBIERNO, LOS PARLAMENTARIOS Y LAS ALTAS CORTES
¿Qué van a hacer, durante dos días, el Gobierno, el Congreso y las altas Cortes en una cumbre en Anapoima?
El ministro del Interior y de Justicia, Germán Vargas Lleras, está preparando una gran cumbre con los presidentes de las altas Cortes y todos los senadores y representantes de las comisiones primeras del Congreso de la República.
Se realizará en Anapoima los días 7 y 8 de abril y tendrá como único tema la discusión de reforma a la justicia que anunció el presidente Juan Manuel Santos.
Durante esos dos días, el Gobierno le tomará el pulso a esa iniciativa, que busca hacer más efectiva y cercana al ciudadano la acción de la justicia y que contempla acabar con el Consejo Superior de la Judicatura, además de crear la doble instancia para el juzgamiento de los congresistas y regula la acción de tutela, entre otros temas.
La idea del Gobierno es lograr el mayor consenso posible para radicar el proyecto este mismo semestre, aunque cabe recordar que el presidente Santos dijo recientemente que la reforma a la justicia, la habrá, con o sin consenso.
EL PAÍS – CALI
PIDEN A LA CORTE SER CLARA FRENTE A MATRIMONIO DE PAREJAS GAY
Un llamado a la Corte Constitucional hizo este jueves la Procuraduría General de la Nación, al considerar que el alto tribunal debe explicar porqué no se pronunció de fondo en las acciones relacionadas con el matrimonio gay y la adopción por parte de parejas del mismo sexo.
De la misma manera, el Procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez Maldonado, le solicitó al alto tribunal hacer pública su posición frente a estos temas, con el fin de darle claridad a la sociedad.
El Ministerio Público consideró necesario que el pronunciamiento de la Corte se dé antes de resolver una acción de tutela con la que se pretende autorizar la adopción por consentimiento de una menor de edad, por parte de la compañera sentimental de su madre.
La petición del Procurador se centra en la necesidad de conocer las sentencias C-802 del 2009 y C-886 del 2010, relacionadas con la adopción, la integración de la unión marital de hecho y los conceptos de matrimonio y familia.
Por último el ministerio público reiteró que el proceso de tutela que en el momento examina la Corte Constitucional es determinante tanto para la familia, como para los derechos fundamentales de los niños y las niñas.
Cabe recordar que la Sala Plena de la Corte Constitucional decidió darse un mes de espera para reflexionar y profundizar sobre el tema.
LA REPÚBLICA
CORTE CONFIRMÓ MULTA A JOSÉ FÉLIX LAFAURIE
La Corte Constitucional confirmó el fallo del Consejo de Estado, que negó la acción de tutela instaura por el presidente de Fedegan, José Félix Lafaurie, y que buscaba revocar la sanción disciplinaria impuesta por la Procuraduría en 2003.
La Corte sostuvo que no hubo vulnerabilidad de los derechos fundamentales contra Lafaurie, quien argumentaba que se violó el debido proceso.
Los hechos por lo que se multó al presidente de la Federación Nacional de Ganaderos, se remontan al 2003 fecha en la que ocupaba el cargo de vicecontralor.
Según las investigaciones Lafaurie habría utilizado su calidad en la institución para realizar nombramientos en el ente de control, favoreciendo así a magistrados y dirigentes políticos.
Según Lafaurie, la investigación por los supuestos nombramientos de cargos, había comenzado por él mismo cuando decidió ordenar investigar al Instituto Nacional de Adecuación de Tierras.
Así las cosas, el funcionario tendrá que cancelar los $14 millones de multa que se le impuso a él y a su superior jerárquico de la fecha, Carlos Ossa Escobar.
Hay que recordar que en pasados meses el Tribunal Administrativo de Cundinamarca actuando como primera instancia ya había tomado dicha decisión, lo que llevo a que se impetrara un recursos de apelación ante el Consejo de Estado, entidad que confirmó el fallo y ordenó el pago de la multa contra Lafaurie.